1.       La aprobación, el 27 de mayo, de la Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos en el medio ambiente. Las instituciones europeas, tras los informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente y las resoluciones de 2008 y 2009 del Parlamento Europeo, vuelven a hacer un llamamiento a la aplicación urgente del Principio de Precaución, sobre todo en relación con las/os niñas/os y adolescentes. Entre otras cosas, en cualquier entorno, se recomienda el cableado en lugar del WiFi para conectarse a Internet, y en particular, en los centros escolares; se pide el reconocimiento sanitario, laboral y social de la electrohipersensibilidad (EHS); y se insta a los gobiernos a realizar campañas de información pública sobre los riesgos de los diversos dispositivos emisores de contaminación electromagnética.

 

2.       La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, organismo de la OMS para valorar los estudios científicos de posibles agentes cancerígenos, ha clasificado las radiaciones de microondas como posible cancerígeno del nivel 2B. Con ello se abre paso a posibles demandas judiciales y se acaba  definitivamente con el mito promulgado por las operadoras de que estas radiaciones sean inofensivas. Por fin, la IARC/OMS nos alerta de que tanto la contaminación electromagnética de baja frecuencia (cancerígeno 2B desde el 2002)  como la alta frecuencia de microondas son posibles agentes cancerígenos.

 Por otra parte, seguimos lamentando y denunciando los hechos siguientes:

1.      El que las diversas instancias gubernamentales, los expertos improvisados y demás lobbies de la telefonía inalámbrica, así como los principales medios de comunicación, sigan empeñados en generar desinformación y desvirtuar el urgente mensaje de la resolución 1815 y la clasificación 2B de la IARC.

2.      El que los gobiernos del Estado y las distintas autonomías no tomen nota de las advertencias internacionales y modifiquen sus proyectos y legislación. Sobre todo el que se siga imponiendo la conexión a Internet por WiFi en el Programa Escuela 2.0, incluso contra la voluntad expresa de los centros que han pedido el cableado.

3.      El que se sigan promoviendo y subvencionando sistemas inalámbricos en todo tipo de zonas públicas y en los hogares (WiFi en casas de cultura y bibliotecas, en centros de enseñanza, en plazas y parques públicos, en medios de transporte, en centros de salud y hospitales, etc.).

4.      El que las operadoras de telefonía inalámbrica sigan empeñadas en impedir la aplicación de normativas municipales garantistas de la salud. Como se ve en el caso de la normativa de Leganés y otras normativas garantistas que están siendo objeto del ataque de las operadoras en los tribunales.

5.      El que, en relación con la baja frecuencia de la industria eléctrica, como consecuencia de la desinformación y la complacencia de las autoridades, sigan adelante proyectos de grandes autopistas eléctricas que amenazan nuestra salud y el medio ambiente y siga habiendo estaciones eléctricas demasiado cerca de viviendas y subestaciones en los mismos bajos de edificios de viviendas.

6.      El que se siga sin reconocer la electrohipersensibilidad (EHS) como enfermedad compleja de sensibilidad central asociada a la contaminación electromagnética. La situación sanitaria, social y laboral de las personas electrohipersibles es muy grave y urgente, tanto por el sufrimiento personal que implica como por la vulneración de sus derechos humanos, ciudadanos y laborales.

7.      El que no se hayan adoptado ya medidas urgentes de regulación de las instalaciones y usos contaminantes en  viviendas, centros de trabajo y enseñanza, transporte y ocio (teléfonos inalámbricos DECT, WiFi, WiMax, vigila bebés, detectores de robos).

8.      El que no se haya previsto ya la creación de zonas blancas, el establecimiento de protocolos sanitarios de atención y la concesión de ayudas especiales a las personas más afectadas por la contaminación electromagnética.
 

En este día especialmente, y en todos los del año, la ciudadanía tiene que informarse y exigir a  las autoridades del Estado y las diversas autonomías que pongan en práctica las recomendaciones europeas e internacionales, a fin de evitar la catástrofe sanitaria y social que se avecina por la proliferación caótica de fuentes de emisión de contaminación electromagnética